9 de ago de 2015

  • La reforma del proceso penal en Brasil – Por Geraldo Prado




    1. Introducción
    No es reciente el movimiento de reforma del Sistema de Justicia Criminal brasileño. Casi siempre, las rovidencias en ese sentido han sido concebidas en términos de reforma del Código de Procedimiento Penal, que fue editado el 3 de octubre de 1941, cuando resplandecía el Estado Nuevo, régimen autoritario dirigido por Getúlio Vargas.
    En las tres últimas décadas, algunos anteproyectos fueron idealizados y, por motivos variados, terminaron siendo dejados de lado. Vale resaltar que entre 1941 y 1988 Brasil pasó por dos regímenes políticos autoritarios (1937-45 y 1964-85) y en 1988 el Congreso Constituyente promulgó la Constitución de la República, que actualmente está en vigor, inspirada en preceptos democráticos y republicanos tradicionales
    La experiencia democrática en Brasil, sin embargo, ha sido bastante limitada y eso no sólo en lo que se refi ere al tiempo de duración de los regímenes políticos de esa naturaleza sino, también, por fuerza de la escasa densidad democrática de las instituciones republicanas, incluso el Poder Judicial, instituciones éstas que han sido incapaces de consolidar una cultura de universalización de los derechos fundamentales.
    Un sinnúmero de trabajos académicos recientes acentúan la naturaleza autoritaria de las prácticas jurídicas, especialmente en el terreno penal, prácticas responsables por la difusión de la idea generalizada de que la criminalidad está sedimentada en los estratos más pobres de la sociedad, identifi cándose con la pobreza y con el origen racial y social de los grupos temidos dentro del imaginario popular, especialmente de las clases medias.
    Así, incluso en los espasmos democráticos anteriores y en la época actual, la existencia de Constituciones con amplio rol de derechos y garantías, además de reglas expresas acerca de la incidencia inmediata de los derechos individuales, independientemente de mediación legal, y aplicación de aquellas normas jurídicas derivadas de tratados internacionales de derechos humanos (artículo 5º, §§ 2º y 3º, de la actual Constitución de la República), no han sido sufi cientes para asegurar el primado del proceso penal acusatorio, con la garantía efectiva
    del contradictorio y de la amplia defensa y sin recurso a la tortura o tratamiento cruel, medidas expresamente repudiadas en el nuevo orden constitucional.
    En el plano legal, desde inicios de los años 90 del siglo XX, la estrategia de modifi cación y actualización de la principal ley procesal penal está centrada en un foco distinto de las acciones precedentes, que no prosperaron en el Congreso: en lugar de un Código nuevo surgieron propuestas de reformas puntuales. La mayoría de las veces, como señala FAUZI HASSAN CHOUKR[1], la iniciativa partió del Poder Ejecutivo Federal y terminó chocando con resistencias y acomodaciones en este mismo Congreso Nacional.
    Paradójicamente, el proceso penal brasileño ha cambiado bastante en estos últimos años, agravando la percepción de asimetría y desorganización sistémica, al mismo tiempo que, por otro lado y con cierta persistencia, hubo evolución de algunas instituciones esenciales para la implementación de una Justicia Criminal más equilibrada, eficiente y respetadora de los derechos fundamentales, con énfasis en el perfeccionamiento del Ministerio Público y en la creación de la Defensoría Pública. Los concursos públicos frecuentes, para cubrir los principales cargos de profesionales del derecho (Comisarios de Policía, Promotores de Justicia y Procuradores de la República, Defensores Públicos y Magistrados) y el fin de la censura a los medios de comunicación colaboraron para la reducción de las prácticas autoritarias ilegales que, sin embargo, aún están lejos de desaparecer por completo.
    La limitación de espacio impide que el tema sea abordado con la profundidad que merece. Es necesario destacar que, desde el punto de vista legal-constitucional, Brasil es una federación, con fuerte concentración de Poderes en la Unión Federal, y que la Justicia Criminal está organizada tanto en los Estados Federados como en el ámbito Federal (Justicia Federal Común, Electoral y Militar[2]) en conformidad con las reglas generales instituidas por la Constitución de la República, prevaleciendo, para todos los sectores, reglas editadas por el Congreso Nacional, ya que compete a la Unión legislar sobre Proceso (artículo 22, inciso I), siendo residual y limitada la competencia de los Estados miembros (artículo 24, inciso XI). No existen Códigos de Procedimiento Penal estaduales.
    De allí deriva la importancia que asumen el debate y la decisión sobre la reforma del Código de Procedimiento Penal.
    2.De la Reforma posible a la Reforma real: Procedimiento Penal Vs. Sistema de Justicia Criminal
    La comprensión de lo que está ocurriendo en Brasil puede ser medida por el confronto entre dos corrientes que, sin embargo, tienen en común el hecho de haber abandonado el proyecto de edición de un Código de Procedimiento Penal totalmente nuevo, en substitución al obsoleto diploma de 1941.
    Por un lado, desde 1990 el Congreso Nacional viene aprobando leyes que restringen sobremanera los derechos fundamentales de los sospechosos, acusados y condenados (ley 8.072/90). Casi siempre, se trata de legislación sobre crímenes graves, denominados hediondos, o derivados de organizaciones criminales. Esas leyes que buscan facilitar la investigación criminal, dotando a la autoridad policial de más recursos para obtener informaciones, inciden sobre la libertad, intimidad y sobre la posesión y propiedad de bienes de las personas sospechosas o acusadas de la práctica de crímenes considerados graves (ley 9.613/98).
    Varias son las técnicas utilizadas: ejemplo de eso es la detención obligatoria de imputados, vedándose la libertad provisoria de aquellos que son presos en fl agrante; la inversión del peso de la prueba en lo tocante a la investigación del lavado de capitales; la facilitación de la adopción de otras providencias cautelares, perjudicando la presunción de inocencia expresamente reconocida en la Constitución de la República; la delación premiada y el estímulo a la actuación del Juez en la actividad probatoria, en algunos casos delegando al magistrado responsabilidad por la investigación de hechos incluso antes de la formulación de una acusación (ley n. 9.034/95, de “combate” al crimen organizado). En el espacio de la ejecución penal se hacen aún más rigurosos los regímenes de pena, difi cultándose el proceso de restablecimiento de la libertad. Cumple subrayar que son notoriamente precarias las condiciones de cumplimiento de pena privativa de libertad en casi todas las prisiones y que la corrupción en el sistema penitenciario es, también, bastante conocida, negociándose la entrada de armas, drogas y teléfonos celulares incluso en unidades consideradas de “seguridad máxima”.
    Las persistentes denuncias de corrupción y la noticia de crímenes graves, aparentemente sin respuesta inmediata, han incrementado las muchas propuestas que tramitan en el Congreso Nacional, en el sentido de producir la denominada legislación de pánico, aún más restrictiva que las leyes que están en vigor y que son de dudosa constitucionalidad.
    Al menos doce proyectos de reforma de los Códigos Penal y de Procedimiento, además de enmiendas a la Constitución de la República se están estudiando en el Congreso, en esa perspectiva, y trabajan sobre la posibilidad del aumento del tiempo de ejecución de las penas privativas de libertad (hasta 40 años, contra los 30 actuales), del aumento del tiempo de aislamiento en la prisión (puede llegar a 720 días), del distanciamiento del preso (interrogatorio en la prisión y no en la sede del tribunal competente[3]), entre otras medidas que chocan con el catálogo de derechos fundamentales de la propia Constitución de la República y del Pacto de San José de Costa Rica, cuya aplicación es obligatoria en Brasil por fuerza del Decreto 678/92.
    En lugar del tradicional proceso en contradictorio, iniciado por acción penal ejercida por el Ministerio Público y desarrollado con publicidad y sujeto a doble grado de jurisdicción y a la motivación de las decisiones judiciales (todos previstos en la Constitución), se propone el acuerdo referente a la pena privativa de libertad, ampliándose los casos de delación premiada, “juzgados” incluso antes de la instauración del proceso. La relación entre el Ministerio Público y la policía no queda clara en esos proyectos, lo que lleva a creer que se mantendrá la absoluta autonomía de ésta con relación a aquel, con prejuicio de la efi ciencia de las investigaciones y controles. El Juez es llamado, cada vez más precozmente, a intervenir en las investigaciones preliminares, estimulando, con ello, las actuaciones de ofi cio, sin guardar, necesariamente, vínculo con la tarea constitucional de tutela de las garantías fundamentales (¡el Juez de garantías que gran parte de la doctrina reivindica como consecuencia lógica de la estructura constitucional!).
    En el lado opuesto, intentando huir del esquema de las leyes de pánico, se sitúan las iniciativas del Poder Ejecutivo, a través de proyectos de ley enviados al Congreso en el año 2000.
    Por medio de la Portaría n. 61, del Ministerio de la Justicia, de 20 de enero del 2000, fue instituida como Comisión responsable por la presentación de propuestas de reforma del Código de Procedimiento Penal. Presidida por la jurista Ada Pellegrini Grinover, la Comisión extendió su trabajo durante todo el año 2000 y, el 6 de diciembre, presentó once propuestas, agrupadas en siete anteproyectos, que objetivaban reformular la investigación preliminar, los procedimientos, incluso del jurado, la disciplina de las pruebas, el interrogatorio del acusado, las medidas cautelares y el sistema de recursos y acciones de impugnación.
    Según la Comisión, los proyectos tenían como objetivo actualizar la estructura del proceso penal brasileño, ajustándola a la Constitución. Sus defensores preconizaban la institución de la mencionada estructura acusatoria, con perfecto delineamento de las funciones de acusación y defensa, publicidad, condensación y concentración de los actos del proceso. Según  discurso de los miembros de la Comisión, se buscaba aliar efi ciencia y garantías. Celeridad, transparencia y desburocratización sirvieron como consignas.
    Esos proyectos siguen tramitando en el Congreso Nacional, sin la misma velocidad y preferencia que los referidos arriba, y merecieron críticas tanto de los que defi enden el endurecimiento de las respuestas penales como de aquellos sectores más progresistas, que no identifi caron en los proyectos muchas de las virtudes referidas por sus autores.
    Recientemente, en diciembre del 2004, los Jefes de los Tres Poderes lanzaron el llamado Pacto Republicano. Entre otras providencias, este pacto establece el propósito de implementar la Defensoría Pública en todos los Estados de la Federación y también en el ámbito de la Unión y pretende el perfeccionamiento de las leyes procesales penales. El Pacto Republicano manifi esta la intención de apoyar la transformación en ley de los proyectos de la referida Comisión que cambian el tratamiento dispensado a las medidas cautelares, pruebas, procedimiento del jurado y recursos, dejando de lado las propuestas de modifi cación de los demás procedimientos y aquella que trata de la investigación criminal.
    De todos modos, no hubo radicalización en la estructura acusatoria, a pesar de visibles avances, inspirados en el Código de Procedimiento Penal Modelo para América Latina. El Juez quedó prohibido de alterar el contenido de la acusación y debe decidir la causa cuja prueba fue producida en su presencia (principio de la inmediación, actualmente inexistente), pero no ha sido prohibido de determinar prisiones y otras medidas cautelares de ofi cio, además de producir pruebas sin requerimiento de las partes, habiendo previsión de restricción de libertad fundada en pronóstico de delincuencia vetado por la Constitución, por herir la presunción de inocencia. El sensible tema de las investigaciones preliminares resultó de una especie de concesión ante las presiones de diversas corporaciones, provocando el desagrado del Ministerio Público y de la policía y no atendiendo a la fi nalidad de control y efi ciencia de cuerpos policiales con problemas más que conocidos. Problemas técnicos en lo tocante al jurado y limitada osadía en la previsión de métodos para asegurar la paridad de armas e igualdad de tratamiento se suman a la cuestionable creencia de que desburocratización y eliminación de las formalidades pueden ser llevadas la cabo sin prejuicio de las garantías. La celeridad prevaleció sobre el fortalecimiento de la defensa en un país sin tradición de Defensoría Pública (a excepción del Estado de Río de Janeiro) y con enorme contingente de acusados sin condiciones de constituir abogado.
    La tensión entre esas dos corrientes impide que sea fortalecida la posición predominante en las academias de que un nuevo Código de Procedimiento Penal debe ser estudiado, discutido y aprobado, de acuerdo a la Constitución y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
    Finalmente, se avanzó concretamente en la instalación de Juzgados Especiales Criminales, en los Estados y en el ámbito federal (ley n. 10.259/01). Se trata de órgano de la Justicia competente para juzgar infracciones penales en su mayoría de escasa peligrosidad, denominadas infracciones penales de menor potencial ofensivo (ley n. 9.099/95).
    Diseminados por Brasil, a excepción de los Estados de São Paulo y Santa Catarina, los Juzgados Especiales Criminales procesan las causas estimulando las soluciones consensuales, ora por medio de acuerdo entre víctima y sospechoso, ora en virtud de acuerdo entre  Ministerio Público y sospechoso, acierto involucrando, en este caso, pena no privativa de libertad.
    Las mayores críticas a los Juzgados Especiales Criminales son producto de deformaciones prácticas de sus operadores, aunque haya sectores de la doctrina que cuestionan el propio concepto de proceso penal consensual, advirtiendo de los riesgos de la supresión de diversos derechos y garantías, entre ellos el contradictorio, presunción de inocencia, fundamentación de las decisiones y doble grado, inherentes a esta modalidad de Justicia. Se argumenta, también, que una característica del procedimiento en los Juzgados, la celeridad, es destinada al ideal de impedir el bloqueo de la Justicia Criminal, por exceso de demanda, y no a la solución justa de los casos, dejando desprotegidos grupos más frágiles, como las víctimas de violencia doméstica.
    El empleo muy limitado de las nuevas tecnologías de comunicación e información es igualmente blanco de críticas, siendo ejemplar el uso de los computadores. Hoy existen en prácticamente todas las sedes de juicios criminales, pero son utilizados casi exclusivamente como editores de texto, substituyendo la antigua máquina de escribir.
    La integración cultural cancela la validad social de determinadas formas jurídicas de resolución de casos, especialmente cuando se trata de casos criminales. Formar parte de la cultura de la sociedad es esencial para que os instrumentos procesales penales sean manejados por sujetos procesales legítimos y el resultado atienda a las expectativas justas, inmanentes a la democracia.
    Cuando se trata de restricción al ejercicio de derechos fundamentales, principalmente cuando se cuida de prisión y libertad y de protección de bienes jurídicos, el debido proceso legal no puede ser una cajita de sorpresas, como en la jerga del fútbol. Aquí, con mucho más motivos que en el deporte, la regla debe ser clara y esta certeza está respaldada por valores constitucionales que, a merced de la actividad legislativa dispersa y errática, raramente encuentran la ocasión de cimentar una nueva cultura.
    CARLOS MORALES DE SETIÉN RAVINA, analizando la racionalidad jurídica en BOURDIEU y TEUBNER, constata el papel de la dominación cultural, que defi ne como dominación de las fuerzas de un campo determinado. Señala que las formas de un determinando campo solamente se consolidan mediante la creación de una tradición y que esa tradición está vinculada a la existencia de un conjunto de normas fi jas y cognoscibles y, por eso, normas pasibles de interpretación y aplicación[4].
    Para que los valores constitucionales se consoliden y conformen una tradición distinta a aquella históricamente experimentada, se hace necesario producir las normas jurídicas y sociales que propiciarán esa transición (en el caso brasileño, una transición que ha demorado demasiado). La llave principal es, sin duda, la Constitución de la República, como también los tratados internacionales. Sin embargo, sin un nuevo código hay serio riesgo de que nunca se confi gure el ideal republicano y democrático que debe dirigir el sistema de responsabilidad criminal.
    Traducción: Naila Freitas (VERSO TRADUTORES – www.verso.com.br)

    * Este artigo foi publicado originalmente no livro Em torno da Jurisdição, de Geraldo Prado. A obra em questão é uma coletânea de textos, votos e artigos produzidos pelo autor entre 1995 e 2010.
    PRADO, Geraldo. Em torno da Jurisdição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 63-69

    Notas e Referências:
    [1] La Reforma del Proceso Penal en Brasil y en América Latina, São Paulo, Método, 2001.
    [2] Por fuerza de la Enmienda Constitucional 45, el artículo 114 de la Constitución fue alterado para prever la competencia de la Justicia del Trabajo para juzgar habeas corpus cuando el acto cuestionado incluya materia sujeta a su jurisdicción.
    [3] La Ley Federal n. 10.792, de 1º de diciembre de 2003, modifi có el régimen de interrogatorio del acusado y trajo expresa previsión del interrogatorio por Juez en establecimiento de detención (nueva redacción del §1º del artículo 185 del Código de Procedimiento Penal). Además, instituyó el régimen disciplinario diferenciado, con alteración de la Ley de Ejecución Penal (artículo 52 de la Ley Federal n. 7.210/84). Con base en este dispositivo hay previsión de aislamiento por 360 días, mientras son reforzados los poderes de la administración penitenciaria en detrimento de la fi scalización judicial.
    [4] La Fuerza Del Derecho, Bogotá, Uniandes, 2000, p. 72.
    Fuente: http://emporiododireito.com.br/
  • 0 comentários:

    Postar um comentário

    Art. 5°, CF

    VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

    IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

    Copyright @ 2014 Descobrindo as Verdades.